La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, avanzó hoy las líneas que seguirá el proyecto de revisión de Ordenanzas previsto para este año.

En total, se modificarán seis: la Fiscal General; el Impuesto de Bienes Inmuebles; las reguladoras de las tasas por el Servicio Municipal de Suministro de Agua Potable a Domicilio y poner la prestación del Servicio de Red Alcantarillas, Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales; la que rige la prestación de Servicios Urbanísticos y, finalmente, la reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

La regidora explicó que, de los cambios introducidos, solo algunas de ellas experimentarán una actualización de tarifas.

“El Ayuntamiento de Lugo lleva 12 años manteniendo las tasas y tributos locales congelados con el objetivo, especialmente en la época del Covid y de la postpandemia a la que se unió una grave crisis energética, de apoyar a las economías domésticas y contribuir a la viabilidad del tejido productivo.Nos encontramos ahora en otro momento, el de la recuperación y superación de esa etapa tan compleja y, hace falta, por tanto, actuar desde la responsabilidad para equilibrar el esfuerzo económico y fiscal que la Administración municipal vino haciendo en todo este tiempo para paliar, desde el sector público, las consecuencias de la recesión vivida”.

“Eso no implica, no va a traer consigo – adelantó Paula Alvarellos - una subida general de las tasas, ni mucho menos. Sino que, desde la rigurosidad, llevamos a cabo una revisión de costes de determinados servicios cuya prestación resulta deficitaria por el encarecimiento que supuso para el Ayuntamiento sin que, hasta la fecha, esto había repercutido en el bolsillo de la ciudadanía y, en la conclusión de ese estudio, quedó de manifiesto que resulta imperativo actualizar, por ahora, tres tasas: la del IBI, el agua y las Alcantarillas”.

“Es cierto que la Intervención Municipal viene incidiendo, durante los últimos ejercicios, en la necesidad de incrementar la inspección, de propiciar la surgencia de nuevos hechos imponibles y de alcanzar una mayor recaudación. Sin embargo, tengo la determinación de acatar estas recomendaciones de una manera ponderada y acompañándolas de otras medidas, como una mejor planificación contractual y presupuestaria y, sobre todo, de una mayor austeridad en el gasto discrecional del Gobierno algo que fijen desde el minuto un en cuanto llegué a la Alcaldía”, recordó Alvarellos Fondo.

Bajo esta premisa, la mandataria lucense desgranó, a continuación, las principales variaciones que experimentarán las Ordenanzas que se modifican.

Ordenanza Fiscal General

Es la que sufre un mayor número de cambios, de pequeño calado casi todos.

Van desde el cambio de terminología, haciendo referencia a la Sede electrónica en lugar de la Oficina Virtual Tributaria que figura actualmente, a la inclusión de las sanciones de tráfico dentro del apartado de las deudas que, según su importe y por motivos de eficacia, eficiencia y proporcionalidad no procede derivar la acción de cobro, pasando por una actualización de la normativa en lo que tiene que ver con la representación voluntaria ante las Administraciones, la regulación de los supuestos de división de deudas entre varios obligados, la incorporación de excepciones y supuestos de denegación a los aplazamientos y fraccionamientos de la deuda y mismo la modificación de los costes de disposición de bolardos, la propuesta del Servicio de Ingeniería, cuyo importe se situaba en los 102’65 euros por unidad y que ahora pasará a ser de 158’75 €.

Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Por una parte, el nuevo texto pasará a recoger el supuesto de la existencia de parejas separadas dentro de las bonificaciones fiscales a familias numerosas, indicando el procedimiento y requisitos para solicitar la rebaja.

Igualmente, se propone añadir más de dos nuevos artículos para clarificar, en uno de ellos, todas las cuestiones relativas al Período Impositivo y Pago del Impuesto y, en el otro, para abordar el Régimen de Declaraciones, Comunicaciones y Solicitudes.

Y también se introduce un incremento de los tipos del 10% para compensar que los valores catastrales de Lugo parten de una ponencia de valores del año 1998. “El hecho de que este importe esté tan desfasado condiciona la fiscalidad municipal, en tanto obliga a elevar los gravámenes locales para adecuar el importe del tributo a la realidad”, advirtió la alcaldesa.

Paula Alvarellos, explicó que el Ayuntamiento aplicará una pequeña subida que elevará en un 0’07 el tipo que repercute sobre los bienes de naturaleza urbana y en un 0’20 el tipo de los de naturaleza rústica que, en este último caso, estuvieron siempre en el tipo mínimo básico establecido por ley.

Así, el IBI de una vivienda tipo en Lugo cuyo valor castastral sea de 23.545 euros que pagaba 157’75 € pasará a ser de 174’23 € (16’48 € más), o en otra de 34.000 euros de valor castastral por la que ahora se abonaba 233’90 euros al año, el IBI será a partir del próximo año de 258’34 €, es decir 24’44€ más, según los ejemplos facilitados por la propia regidora quien cuantificó este pequeño aumento en un crecimiento de casi dos millones y medio de euros (2.327.258 euros) en la recaudación anual del impuesto. “Dinero que luego podremos destinar a la mejora de equipamientos y de la atención asistencial, ampliando las prestaciones existentes o creando otras nuevas”, añadió.

Ordenanzas reguladoras de las tasas por el Servicio Municipal de Suministro de Agua Potable a Domicilio y ponerla prestación del Servicio de Red Alcantarillas, Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

Ambas dos presentan una única modificación: la actualización de costes para ajustarlas al IPC.

“En estos casos en concreto, más que por el incremento directo de las tasas, optamos por aplicarles, simplemente, la equiparación al Índice de Precios de Consumo, sin alcanzar el máximo que este indicador lleva crecido en la última década”, refirió la mandataria lucense ya que lo IPC varió entre julio de 2012 y julio de 2024 en un 25’4% mientras que el Ayuntamiento solo repercutirá a la contraprestación de estos servicios una subida del 25%.

“A pesar de esta magnitud, hablamos de que el recibo medio de una vivienda familiar común, compuesta por cuatro integrantes, pasará a encarecerse en su conjunto en torno a 8 euros al trimestre”, explicó Alvarellos Fondo.

La regidora recordó que las exigencias del marco legal europeo son muy elevadas en cuanto a la tarificación sobre el suministro del agua. “Un reto que resulta imperativo asumir pero que queremos abordarlo con moderación para que ese encarecimiento no implique un desequilibrio en las economías de las y de los contribuyentes. Ciudadanía y tejido industrial son conscientes de la subida de absolutamente todos los precios: materiales, productos, alimentos, suministros energéticos, servicios, etc que ellos también aplican a las y a los consumidores en sus empresas y negocios. Se trata, por lo tanto, de una circunstancia que no puede ser ajena para el Ayuntamiento y que, luego de muchos años asumiéndola íntegramente, debemos distribuir de manera equilibrada entre el conjunto del vecindario, de una forma equitativa y ponderada”, remarcó Paula Alvarellos, al tiempo que señaló que el aumento de estas tasas en la proporción señalada redundará en las arcas municipales en algo más de millón y medio de euros (1.584.537 €).

La alcaldesa recordó, asimismo, que el equipo técnico encargado de la actualización de las Ordenanzas está analizando también la tasa por la prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos sin que su modificación “se vaya a materializar por ahora”.

“En la misma línea de contención, se están examinando en detalle todos los costes que implica la prestación de este servicio, que fue redimensionado bajo parámetros de calidad y sostenibilidad hace poco más de un año para adecuarlo a la realidad urbanística local. En cambio el incremento del canon que Sogama pretende imponer ahora a los Ayuntamientos por la gestión que ella misma hace de los residuos puede condicionar el importe que finalmente tendrá para las y los lucenses el recibo de la basura, de ahí que, en estos momentos, estemos peleando desde todas las instancias posibles la reversión de esta medida tan onerosa con la que la Xunta pretende castigar a los municipios”, añadió Paula Alvarellos.

Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de Servicios Urbanísticos, en la que simplemente se reenumera un único artículo del texto en pro de una mayor corrección semántica.

Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que experimenta una actualización de los coeficientes de aplicación (la mayor parte de ellos a la baja) establecidos en el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales para adecuarse a los últimos cambios normativos.

Ya para finalizar, la alcaldesa de Lugo, relató que tan pronto este proyecto de revisión de Ordenanzas finalice su tramitación y alcance la validación de la Junta de Gobierno (lo que se prevé suceda en la próxima semana) se elevarán a Pleno para su aprobación inicial y posterior exposición al público, antes de su ratificación definitiva y entrada en vigor.