Las multas, que suponen alrededor de la cuarta parte de las detectadas desde el 15 de junio por la Policía Local, ascienden a un total 101.700 euros.
El deber de asumir la tramitación de este tipo de infracciones, que son competencia autonómica, tendrá un coste anual para la Administración local de 58.000 euros.
Miguel Fernández: "instamos a la ciudadanía a respetar las medidas sanitarias ya que, lejos de un afán recaudatorio, pretendemos impulsar el cumplimiento de las normas de protección. Todos debemos cuidarnos y cuidar también a los demás".
El Ayuntamiento inició ya 273 procedimientos sancionadores por infracciones a la normativa autonómica del Covid.
Las multas, según indicó Miguel Fernández, suponen alrededor de la cuarta parte de las tramitadas por la Policía Local desde el pasado mes de junio, por incumplir la Ley de Salud de Galicia en la que figuran recogidas (a través del Decreto Ley 21/2020, de 09 de junio) las medidas de prevención y contención frente a la crisis sanitaria que ocasionó la pandemia, tras recuperar la Xunta, luego del Estado de Alarma, la titularidad en la materia.
"En total, los expedientes ya abiertos ascienden a 101.700 euros o 50.850 € en caso de que se proceda a su pronto pago", destacó el portavoz del gobierno.
La encargada de efectivizar el cobro será la empresa que asume la colaboración en la gestión administrativa y recaudación de multas, después de que la Junta de Gobierno Local había autorizado la modificación del contrato en vigor, ante la insuficiencia de medios técnicos y de recursos humanos propios de la institución para asumir directamente este cometido.
Una tarea que le supondrá anualmente la Administración local un coste de 58.080 euros pero que prácticamente quedará compensado con el abono de estas primeras sanciones.
"En cualquier caso, desde el ejecutivo local instamos a la ciudadanía a respetar las medidas sanitarias impuestas ya que lo que se persigue, lejos de un afán recaudatorio, es impulsar el cumplimiento de las normas de protección. Todos debemos cuidarnos y cuidar también a los demás", apuntó Miguel Fernández.
Hace falta recordar que, pese a que los informes emitidos por la Abogacía del Estado ratifican que se trata de una competencia autonómica, son los Ayuntamientos los que, siguiendo el criterio del Consejo Consultivo de Galicia están ejerciendo esta función, en la que también se incluye la tramitación de las infracciones interpuestas, dentro de esta casuística y en el ámbito territorial del municipio, por el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica).
Audio
- El concejal de Medio Rural y Deportes, sobre los expedientes sancionadores del Covid | Descargar mp3