La Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, informó este viernes de que el Gobierno propondrá al Pleno que el Ayuntamiento condone a los residentes en las viviendas sociales de la Croa el importe económico correspondiente al valor de sus inmuebles, un valor que tendrían que pagar para poder hacerse con la propiedad de las mismas.

Lara Méndez, que informó de la decisión del Gobierno a los portavoces de los grupos de la oposición, explicó que ahora los técnicos municipales conformarán el correspondiente expediente administrativo para poder elevarlo al Pleno para su debate y aprobación si así lo acuerda la mayoría de la Corporación.

Esta decisión del Ejecutivo de Méndez, de salir adelante, evitará un desembolso económico a las familias de la Croa, dentro del procedimiento que se sigue para regularizar las viviendas sociales de la Croa, que arrancó en el año 1992, en la etapa de Gobierno del PP en el Ayuntamiento, como un proyecto de construcción de viviendas en el marco de un plan para la erradicación del chabolismo. En ese año se firmó el acuerdo de cooperación entre el Ayuntamiento y el IGVS para sacar adelante la iniciativa y en 1995 se concedió la licencia de construcción de las viviendas. En el 2008, el Ayuntamiento solicitó  la inscripción de la parcela en la que se sitúan los inmuebles en el Registro de la Propiedad, y tras el pulo dado al procedimiento por el actual Gobierno local, en el 2016 se formalizó la inscripción, que el Registro remitió a la entidad local en junio de 2017.

Para concluir el proceso y que los residentes puedan tener las escrituras de las viviendas, resta una serie de trámites, como la elaboración y aprobación de un proyecto de parcelación, la presentación del mismo ante la Gerencia Territorial de Catastro para su regularización catastral, la elaboración de las correspondientes escrituras de obra nueva de las viviendas construidas ante notario, y la presentación ante lo Registro de la Propiedad del proyecto de parcelación para la inscripción de las parcelas resultantes y de las escrituras de obra nueva a favor del Ayuntamiento. 

Finalmente, habría que proceder a efectuar las compensaciones económicas oportunas entre los adjudicatarios de las viviendas y parcelas con el Ayuntamiento, teniendo en cuenta el coste real de construcción que figura reflejado en el proyecto. Entre las compensaciones económicas a realizar, habría dos supuestos diferenciados: por una parte, los propietarios de viviendas existentes que fueron expropiadas y demolidas, cuyo justiprecio se encuentra consignado en la Caja General de Depósitos de Hacienda, y, por otro, los adjudicatarios de viviendas que no eran propietarios de las viviendas demolidas.

Y es este último trámite, el de las compensaciones económicas, lo que el Gobierno quiere evitar, proponiendo al Pleno condonar a los residentes el importe correspondiente al coste de construcción y expropiación.

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