El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, señaló hoy que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lugo está a disposición de los afectados por la posible implantación de la planta de biometano proyectada en Coeses para resolver cualquier duda legal que pueda surgir en este proceso de movilización ciudadana. Según explicó el regidor, el objetivo es brindar apoyo institucional a la Plataforma Lugo non quere Cheiros, para en caso de necesidad, poder asesorar al vecindario a través de su equipo jurídico de cara a mantener la lucha contra la construcción de esta planta de biogas y salvaguardar su entorno residencial.

“A pesar de que ya quedó constatado que este proyecto y totalmente inviable a pesar del interés inicial mostrado por el Gobierno autonómico con su  declaración de proyecto prioritario, vamos a continuar vigilantes ante cualquier futura maniobra que pueda poner en riesgo nuestro patrimonio natural”, explicó el alcalde Miguel Fernández tras el encuentro mantenido con los integrantes de la plataforma vecinal Lugo no quiere olores en la que también participaron los ediles de Cohesión Territorial y de Urbanismo, Ana González Abelleira y Jorge Bustos, respectivamente.

El regidor municipal señaló que “los vecinos y vecinas de esta plataforma me trasladaron su preocupación una vez que la empresa Bioenergía Lugo recurrió, el pasado mes de marzo, la denegación de esa autorización ambiental por parte de la Xunta de Galicia”. Tampoco entienden, comentó Fernández, que el Grupo Municipal del Partido Popular votara en contra de una proposición para que la Corporación Municipal inste a la Xunta a que retire la declaración de iniciativa empresarial prioritaria al proyecto de la planta de biometanización en Coeses”.

Por estos motivos, el alcalde ofreció colaboración y disposición por parte de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lugo con el gabinete jurídico que podría contratar el colectivo vecinal, que recientemente confirmó que llevará a la Fiscalía el proyecto de la planta. El alcalde se comprometió a que el citado departamento municipal estará en contacto con el despacho de abogados de la plataforma para resolver dudas y facilitar información en cuestiones relativas al proyecto de instalación de esta planta de biometano. Esta colaboración institucional responde al acuerdo plenario ratificado por todos los grupos en julio pasado, con el que el Ayuntamiento de Lugo dejó patente el rechazo social que despertó este proyecto.

Miguel Fernández explicó que de esta forma, “desde el Ayuntamiento de Lugo, lo que estamos haciendo es mantener nuestra postura inicial, respaldada por todos los grupos políticos, y que fue ratificada por acuerdo plenario, en el que instábamos a la Xunta a la paralización de la planta “bien por rechazo social, bien elevando las exigencias medioambientales a este tipo de industrias y atendiendo al principio comunitario de cautela o precaución para evitar que se produzca, ante una amenaza real, el deterioro del medio”.

El alcalde recordó que las distintas administraciones que deben emitir informes sobre la viabilidad de este proyecto están dándonos la razón: “primero fue el informe preceptivo y vinculante de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que declaraba inadmisible el vertido y no autorizó la construcción de la planta; y después la propia Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Xunta de Galicia denegó, el pasado mes de febrero, la autorización ambiental al proyecto. Pese a eso, debemos seguir luchando contra un proyecto con un grave impacto ambiental, perjudicial para la atmósfera, para las personas y para las viviendas no solo de parroquias rurales próximas a la localización de la planta como Coeses, Cuíña, Piugos, Soñar o Santa Comba, entre otras, sinol a gran parte del municipio de Lugo y a la propia ciudad”.

Por último, Miguel Fernández señaló que “en función de cómo vayan sucediéndose los acontecimientos y se fuera necesario, y teniendo en cuenta ese acuerdo plenario de todas las fuerzas políticas, el Ayuntamiento de Lugo valorará la posibilidad de personarse cómo parte afectada de este proyecto”.