La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, mantuvo esta mañana un encuentro con representantes de la Plataforma MVRO, durante el cual les trasladó que el Gobierno local, junto al tejido asociativo y la sociedad lucense, solicitará a la Xunta que concrete una dotación presupuestaria plurianual y formalice su intención de colaborar en el objetivo de convertir el antiguo cuartel de San Fernando en el Museo de la Romanización. “Es mi responsabilidad exigir para Lugo lo que es de justicia. Somos la única administración que ha invertido en este proyecto. El Concello cumplió con su parte destinando 2,5 millones de euros en la adquisición del inmueble y cerca de 150.000 euros en tareas de conservación a lo largo de los últimos 8 años. Ahora debe ser el Ejecutivo gallego quien financie la reforma de la envolvente y de la cubierta. No hay tiempo que perder”, apuntó la regidora tras el encuentro.

Durante la reunión, Alvarellos Fondo explicó que la hoja de ruta que guía el proceso de rehabilitación es la propuesta Perseo, redactada por Pedro Colón de Carvajal y Raquel Buj, ganadores del concurso de ideas convocado por la Xunta en su momento y que, además, cuenta con el informe favorable de Icomos. “A partir de esta propuesta, desde el Concello planificamos la ejecución de los trabajos en cuatro fases. Lo que pedimos a la Xunta es que asuma la primera, que afecta a la envolvente y la cubierta, y cuyo coste de ejecución coincide prácticamente con la cantidad que el Concello ha destinado hasta el momento al proyecto. Esto nos situaría en disposición de acceder a otro tipo de líneas de financiación, que incluirían fondos municipales, como el 2% Cultural o fondos europeos, con los que podríamos abordar las fases relacionadas con la musealización del inmueble, ya que son líneas específicas para este fin”, señaló.

Alvarellos recordó que más de 15.000 piezas de diversa cronología altoimperial y bajoimperial recuperadas a lo largo de 30 años de excavaciones se encuentran actualmente almacenadas en dependencias municipales e incluso en domicilios particulares de arqueólogos, lo que calificó como una negligencia mayúscula por parte del Ejecutivo gallego. “Es necesario que la Xunta asuma sus competencias. Mientras el gobierno de Rueda destina 17,3 millones de euros a la reforma del pazo pontevedrés de Lourizán, pretenden descargar sobre los lucenses su responsabilidad de proteger nuestro patrimonio arqueológico, en un agravio comparativo sin precedentes”, afirmó.