"La Xunta de Galicia le niega a los lucenses el derecho a disfrutar de una zona de baño pública en el Miño".

Con esa rotundidad se expresaba hoy el teniente de alcaldesa y portavoz municipal, Miguel Fernández al respeto del informe desfavorable emitido ayer por la Dirección General de Patrimonio Natural sobre el cambio, no sustancial, de ubicación de la estructura flotante, unos 40 metros aguas arriba.

"La resolución es clarísima. Pretende coartar no sólo en este 2022, sino, de súbito, los 25 años de concesión que tenemos autorizados, tratando de deslegitimar el permiso que se nos otorgó, negándonos la posibilidad de evaluar, cada ejercicio, cuál es la situación del río para determinar si, cada verano -pero uno a uno - resulta procedente o no colocar las piscinas", afirmó el portavoz.

Para el Gobierno local, la propia Xunta de Galicia entra en contradicción consigo misma al posicionarse en sentido contrario al que determinó en el último informe que envió en 2019 a la CHMS - previo a la concesión del permiso - y en el que afirmaba literalmente que, respetando esos condicionantes, "se podría autorizar la instalación de estas piscinas (en la localización propuesta) si así lo entienden desde la CHMS", como fue.

"Un informe, ese de 2019, que, por cierto, está ocultando deliberadamente para evitar que queden retratadas sus propias incongruencias, lo que evidencia, por partida doble, que para la Xunta de Galicia la zona de baño pública en Lugo no es más que un instrumento partidista, una herramienta con la que persigue hacer daño electoral, cuando no tienen el más mínimo reparo en poner el criterio técnico al servicio de la política más rancia, que es la que acostumbran a hacer, a costa de los intereses de la ciudadanía que lleva años reclamando esta dotación", afeó el portavoz municipal.

Dicotomías que el concejal ejemplificó también con la falsa oferta a colaborar para buscar otro emplazamiento cuando en el punto 9 del documento que la Xunta viene de presentar, descarta directamente el sistema de plataformas por considerarlas -problemáticas en un sistema de aguas corrientes -como es el Miño -sujetas a variaciones de calado, caudales y velocidades de corriente".

Un cambio de localización que obligaría, por otra parte, a empezar de cero toda la tramitación para crear la playa fluvial, descartando todo el trabajo hecho por la Administración local en los últimos años y que ya contaba con el aval de los organismos correspondientes.

Miguel Fernández no dudó, además, en calificar el contenido de este último informe como "un relato basado en la enumeración de suposiciones, conjeturas y hipótesis, partiendo de la premisa fundamental de que, para rechazar el cambio de ubicación propuesto por el Ayuntamiento, ni siquiera se metieron en el río para comprobar la existencia de mejillones en esa zona".

El teniente de alcaldesa explicó que la Administración local fue la única que acometió la prospección tanto de la localización inicial como de la propuesta posteriormente y contrapuso con los datos obtenidos las dudas infundadas que trata de sembrar la Consellería de Medio Ambiente.

De este modo, el estudio técnico independiente realizado por Topysa (empresa contratada por la adjudicataria de la instalación de la zona de baño pública) llevó a cabo, en la ubicación inicial de la plataforma, un análise de una superficie total de 2.364 m2, dividida en 8 puntos de muestreo, en los que contabilizó un total de 96 ejemplares de mejillón, "una cifra sobre la que luego la Xunta hizo la estimación de una posible densidad con rango entre los 6.000 y los 10.000 individuos".

Y, a continuación, se evaluó ya también la zona a donde propusimos trasladar la estructura, quedando constatado que en ella se alojaba un bajo número de ejemplares y resultando idóneo, por ese mismo motivo, su desplazamiento hacia ese lugar.

Fernández señaló que entre lo que "suscita dudas, estimadas, extrapolando, potencialmente afectados, son muy posibles, posible apoyo, pueden diferir, pueden ser problemáticas" en lo que se amparan los argumentos de la Dirección General de Patrimonio Natural, se incluye que no queda garantizada la estabilidad de las instalaciones en caso de crecidas o bajadas de nivel de las aguas, sin embargo el Ayuntamiento sí trasladó el informe de la empresa que construye la estructura y en el que se demuestra e incluso ejemplifica esta estabilidad.

"Lamenta, más allá, la Consellería de Medio Ambiente que no acercáramos a los plazos del desmontaje de la plataforma, un aspecto por lo que nunca antes habían preguntado, y que, en todo caso, es de 2 días".

"Tampoco es muy previsible que, en plena época estival, pueda llegar a producirse una riada, como insinuó la Xunta, y, en caso de esa sequía extrema que también prevé, ese estudio anual al que ya nos obliga el permiso concedido nos revelaría con antelación a la situación en la que se encuentra el río antes de proceder al montaje de la estructura. Esto es otra cosa. Es el no por el no, el no directamente a 25 años de concesión que la Xunta quiere zanjar de golpe, amarrándose al estado que ofrece el Miño en este 2022, cuando lleva un 35% menos del caudal habitual, una circunstancia que seguro variará cuando se repare el caneiro de la Aceña de Olga porque su arreglo contribuirá a retener el agua y a disminuir, por tanto, la velocidad de las corrientes", explicó el portavoz municipal.

Miguel Fernández avanzó también que el Ayuntamiento explora ahora con la Confederación Hidrográfica el abordaje de la negativa de la Xunta a que Lugo cuente con playa fluvial y dejó claro que el Ejecutivo de Lara Méndez seguirá dando pasos y peleando para poder habilitarla lo antes posible.

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• El edil de Medio Ambiente, Miguel Fernández, sobre que la Xunta, le niega a los lucenses la praia fluvial | Descargar mp3