El Ayuntamiento de Lugo viene de emitir la orden de demolición del Garañón otorgando a la propiedad un plazo de dos meses para que presente el proyecto de ejecución de estos trabajos. Así lo anunciaba esta mañana a regidora, Lara Méndez.

"De no acatar este imperativo, la Administración local asumirá los trabajos subsidiariamente para el cual, ya en el pasado mes de julio, dimos inicio al expediente de contratación correspondiente que nos permitirá tener avanzada la tramitación necesaria para cumplir, lo antes posible, la sentencia que obliga a reponer la legalidad urbanística en el entorno", señaló la alcaldesa.

La actuación constata el compromiso dado por Lara Méndez, ya durante el anterior mandato, de convertir este espacio en un pulmón verde urbano "que conectará con uno de los parques más emblemáticos capitalinos como es el Rosalía de Castro", añadió.

"Damos respuesta, así, a una demanda social ampliando el cinto natural de Lugo, ayudando a integrar el río Miño en la ciudad, siendo coherentes con el modelo sostenible que impulsamos desde el año 2015 y a través del que apostamos por la recuperación, renaturalización y creación de nuevos espacios para el esparcimiento y ocio de la ciudadanía", sostuvo la regidora.

Méndez recordó que la licitación – cuyo valor estimado asciende a 965.000 € - abarca la redacción de un proyecto visado de obras completo de demolición pero también la reposición al estado original de los terrenos, la ejecución de las obras, así como la dirección facultativa necesaria de las mismas que incluye todo el edificado sin título habilitante.

La alcaldesa hizo hincapié en que los pliegos recogen dos plazos diferenciados para asumir las labores, estableciéndose uno de 2 meses para entregar el proyecto completo y otro de 8 para materializar la demolición.

?Hace falta incidir en la importancia de que este procedimiento se encuentre ya en marcha, de manera simultánea al tiempo dado a la propiedad del inmueble para asumir el suyo derribo, en tanto nos permite avanzar en la cuenta atrás para la desaparición de las torres y la recuperación de los terrenos como zona verde pública?, defendió Lara Méndez.

Pola su parte, el concejal de Sostenibilidad Urbana, Álvaro Santos, indicó que el Decreto firmado, recoge también la desestimación, por parte de la Administración local, de los alegatos presentados por los interesados al expediente de Disciplina Urbanística en el que quedaba de manifiesto a discordancia entre la licencia otorgada en su día ? y posteriormente anulada - y lo finalmente construido.

El edil recordó que el Gobierno local encargó un levantamiento topográfico de la realidad existente de las obras para superponerlo con los datos obtenidos en el mismo, "el que permitió certificar que el edificado no respectaba lo delimitado  en el título habilitante concedido y que, por tanto, el inmueble, además de ilegal es totalmente ilegalizable al amparo del ordenamiento urbanístico vigente ya que no cumple el PERI en vigor y, además, lo incrementa agravio que ya se puso de manifiesto en la sentencia judicial que obliga a la reposición de la legalidad".

Segundo reflejaba el informe elaborado por el Servicio de Arquitectura, "la vista de los estudios realizados, las torres, en su estado actual, presentan una serie de diferencias que evidencian una falta de adecuación sobre el proyecto que obtuvo la autorización, destacando, especialmente el importante incremento en altura de los dos volúmenes edificados ya que, entre otros aspectos, las plantas altas superan, cada una, en 10 cm lo recogido en el dicho proyecto", refirió Santos Ramos, al tiempo que relató que tampoco las tres plantas del sótano, el semisótano o la cubierta cumplen el PERI aprobado por, en este último caso y entre otros motivos, sobrepasar el concepto denominado sólido – capaz (el volumen limitado por la rasante de aplicación, los planos de la fachada y de cubierta) que hacen que, entre otras anomalías, aumente la superficie de las tres terrazas.

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