El Gobierno de Lara Méndez mantendrá con las distintas empresas adjudicatarias que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Lugo los mismos términos de contrato que tenían antes de la adopción de las medidas derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de que ninguna de ellas se vea obligada a acudir a un ERTE y, por lo tanto, al despido de sus trabajadores.

"En la misma línea de apoyo a las empresas y autónomos de Lugo, con el objetivo de que mantengan sus puestos de trabajo - para lo cual habilitamos una partida municipal de 5 millones de euros - también es nuestra voluntad política que las empresas que trabajan en los distintos servicios municipales no sufran con la actual situación", avanzó la regidora, que viene de firmar un decreto con esta finalidad.

En virtud del mismo, todas las empresas deberán mantener la plena disposición del Ayuntamiento los mismos medios humanos y materiales con los que trabajaban, por lo que se conservarán así, inalteradas, las prestaciones mutuas entre las partes, sin perjuicio de aquellos casos en los que fuera procedente una modificación del contrato para adaptarlo a la nueva situación.

Las concesionarias de los servicios municipales y, por lo tanto, los trabajadores de las mismas, también se están viendo afectadas por el estado de alarma decretado por el Gobierno central para frenar la expansión del virus y el contagio entre la población, así como  por las normas dictadas por el Ayuntamiento al respeto; medidas concernientes especialmente a los desplazamientos, reuniones y asistencia a los respectivos centros de trabajo y que tienen un incidente directo en la vida social, pero también en la actividad económica de la ciudad.

Lara Méndez sostiene que para el Gobierno de Lugo "no es un camino a seguir declarar la suspensión total de los contratos ya que implicaría el despido de muchos trabajadores, con el consiguiente expediente de regulación temporal de empleo". La regidora dice que esto supondría un grave perjuicio para el vecindario y la economía de la ciudad, "pero también un enorme coste para las arcas públicas en concepto de pago de prestaciones por desempleo, lo que acrecentaría considerablemente el déficit público, cuyo control es un objetivo que todas las entidades del sector público debemos ayudar a conseguir".

Una parte de los contratos deberán mantenerse por ser esenciales, e incluso aumentar sus medios como el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. En este caso, asevera la alcaldesa, "las empresas deberán continuar con la ejecución de sus prestaciones como regla general, adoptando las medidas correspondientes impuestas por las autoridades sanitarias, acatando la normativa estatal, la autonómica y las medidas específicas de este Ayuntamiento dictadas al efecto".

Pero también hay adjudicatarias municipales que pueden soportar incidentes como el descenso de la demanda de usuarios y una cierta imposibilidad de ejecución en estos momentos o una merma gradual de la necesidad, "sin embargo la evolución de la situación de crisis, imprevisible, puede conllevar a adoptar medidas en las que la respuesta inmediata de los actuales prestadores municipales resultaría imprescindible, aunque fuera puntualmente", aclaró.

Por esto, el Ayuntamiento cree necesario el mantenimiento máximo del empleo en las adjudicatarias en una situación similar a la de la atención de los servicios por los trabajadores públicos municipales, garantizando a plena disponibilidad de los diferentes contratistas para posibles eventualidades que halla podido resultar necesario atender de manera inmediata y tener pactados originariamente.

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