Lugo cuenta con los índices de inseguridad más bajos de Galicia. Según los datos de las fuerzas policiales, más del 60% de delitos que se comenten en la ciudad son de carácter leve. Asimismo, las ocupaciones suponen un 0,4% del total de infracciones registradas durante el año pasado en el municipio. Estas son algunas de las informaciones aportadas durante la Junta Local de Seguridad Local celebrada este miércoles con carácter común.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, copresidieron esta junta, dentro de los encuentros periódicos que mantienen ambas instituciones con las diferentes Fuerzas y Cuerpos Policiales que operan en el municipio. La reunión tuvo lugar en el Centro de Convivencia Interxeracional Paco Martín, recién inaugurado, como muestra de un mayor acercamiento institucional a los barrios. Tras la misma, la regidora y la subdelegada mantuvieron un encuentro con los vecinos y vecinas del barrio, a los que les explicaron los dispositivos policiales puestos en marcha contra la ocupación ilegal y otros tipos de delincuencia.

En este sentido, las fuerzas de seguridad pidieron que no se había creado una alarma social entorno a la ocupación, porque Lugo es una ciudad segura y se está trabajando de forma coordinada y permanente para atajar los casos que se puedan dar, puesto que un solo caso ya es una preocupación. Así mismo, incidieron en la necesidad e importancia de que los propietarios denuncien este tipo de actuaciones, porque sino no es posible actuar.

Tanto la alcaldesa como la subdelegada empatizaron con los vecinos, con los que comparten y entienden sus preocupaciones, aunque las cifras no reflejan un alto índice de delincuencia, y les trasladaron que se están empleando todas las herramientas que tienen ambas administraciones para actuar en los problemas que pueda haber en el barrio, como las ocupaciones ilegales, el cierre de bares, o alguna pelea aislada.

Por otra parte, entre los dispositivos presentes en el barrio, se informó que, además del refuerzo de vigilancia, también hay un importante número de policías camuflados, y si es necesario se incrementará para atajar situaciones de delincuencia. En este sentido, se apuntó que la mayor parte de los casos de ocupación que se registran obedecen a situaciones de vulnerabilidad y no están relacionados con organizaciones criminales.

Así, la regidora lamentó que "llevamos más de una década de retraso en la creación de vivienda pública de protección oficial en la ciudad que palíe todas estas carencias y que tenga capacidad de atender la demanda que existe y que afecta a familias enteras, con menores a su cargo. Dos materias en las que la Xunta mantiene la titularidad".

La regidora recordó que la Xunta dispone de terrenos para la creación de parque inmobiliario público tanto en Garabolos como a un lado del nuevo Auditorio en los que, desde hace años, se comprometió a promover vivienda protegida sin que, hasta el momento, la tuviera materializado. "Lo mismo que aconteció con la superficie convenida en 2004 y por la que se cedía la parcela municipal de Magoi en la que, además de la dotación cultural se preveía la edificación de 140 viviendas, el 60% de protección oficial", apuntó.

"A esto hay que añadir que las listas de demandantes recogidas en el Registro Único de la Xunta de Galicia, y que se incrementan cada año, triplican a las de otras capitales semejantes, como puede ser Ourense", añadió.

Pola su parte, la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, destacó que "Lugo es una ciudad tranquila y segura y las fuerzas de seguridad trabajan para que continúe siendo una de las ciudades con los índices más bajos de Galicia en relación a las infracciones penitenciarias". Asimismo, puso en valor la profesionalidad y compromiso de las fuerzas de seguridad del Estado y su estrecha colaboración con las policías local y autonómica en la ciudad, "trabajando en coordinación para resolver con rapidez y eficacia cualquier hecho delictivo o problema de convivencia que se pueda producir".

En relación a las ocupaciones ilegales de viviendas, Isabel Rodríguez subrayó que "desde la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Lugo, junto con las Fuerzas de Seguridad, estamos en contacto permanente con los representantes vecinales y comerciantes de las zonas más afectadas para actuar en los lugares donde se producen problemas de convivencia con el vecindario". Además, insistió en que la acción coordinada con las autoridades municipales incidió en la adopción de medidas preventivas por parte de los propietarios. Así, la Policía Judicial contacta también con propietarios de inmuebles susceptibles de ocupación para cerrar los accesos.

En este sentido, la subdelegada explicó que los datos de las Fuerzas de Seguridad no indican que el fenómeno de la ocupación amenace la seguridad pública en Lugo. Las ocupaciones suponen un 0,4% del total de infracciones penitenciarias registradas en el 2022 en Lugo. "Entendemos la percepción de la ciudadanía y la preocupación social que genera cada caso de ocupación, que en ocasiones también afecta el vecindario de la zona. Cada uno de estos casos nos preocupan, pero tenemos que ser muy rigurosos y responsables a la hora de abordar este tema desde las administraciones públicas y no infundir en la sociedad una preocupación mayor", destacó Rodríguez que avanzó que en Lugo no existe ocupación por parte de organizaciones criminales, "sino que detectamos que son casos de ocupación dinámica en viviendas deshabitadas o abandonadas, por parte de colectivos vulnerables o en algunos casos relacionados con el consumo de drogas, por lo que es fundamental denunciar para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan actuar".

En relación a esto, la subdelegada recordó que el Gobierno lleva a cabo un intenso escudo social y un programa de inversiones dirigidas a facilitar y garantizar el acceso a la vivienda, como la moratoria en la subida del precio de los alquileres, el incremento de la renta disponible en los hogares con medidas directas como el Ingreso Mínimo Vital o la ayuda de 200 euros para rentas bajas, entre otras. Estas iniciativas se completan con los más de 300 millones transferidos a la Xunta en los últimos años para financiar programas dirigidos a la vivienda, pues las competencias en esta materia son autonómicas, a los que instó a aprovechar la oportunidad para facilitar viviendas de promoción social en Lugo.