El Gobierno local defenderá en el Pleno de este mes una proposición para reclamar a la Xunta de Galicia que cumpla con la normativa vigente y financie el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) conforme al coste real del servicio, garantizando que la administración autonómica asuma la diferencia entre el precio total y la aportación de las personas usuarias. La propuesta incluye también la exigencia de que la Xunta dote de inmediato las horas necesarias para eliminar la lista de espera en el municipio, que a día de hoy afecta a 618 personas dependientes.

«El acuerdo reconoce por fin la infrafinanciación, pero sigue siendo insuficiente: la Xunta debe asumir lo que marca la ley», afirmó la concejala de Cohesión Social, Olga López Racamonde, quien subrayó que, incluso con el incremento pactado a través de la Fegamp —que eleva la aportación autonómica de los 12 euros actuales a 16 este año, 17 en 2027 y 18 en 2028—, «los ayuntamientos seguimos cubriendo la diferencia hasta superar los 21 euros por hora, que es el coste real en el caso de Lugo». La responsable municipal insistió en que «esta situación no se puede normalizar, porque supone financiar competencias que no corresponden al ámbito local y desatender a las personas mayores que esperan por los cuidados a los que tienen derecho».

López Racamonde recordó que «el SAF de dependencia llega a finales de año con 618 personas en lista de espera; es decir, 618 personas a las que se les ha reconocido un derecho pero no se les presta el servicio. Esto es una vulneración clara del sistema de atención a la dependencia». La concejala advirtió de que el estancamiento en los plazos de valoración agrava el problema: «Seguimos conociendo casos de personas que llevan años esperando por la valoración y cuando llega, llega tarde. Es una situación insostenible que requiere una reacción inmediata».

La edil puso de manifiesto el impacto directo que esta parálisis tiene en el Ayuntamiento: «Para evitar que nuestros mayores queden desatendidos, nos vemos obligados a movilizar recursos propios. El Gobierno local invierte medio millón en el SAF de libre concurrencia frente a los 82.000 euros que aporta la Xunta, y destina cada año alrededor de un millón al SAF de dependencia». Recordó además que, entre 2024 y 2029, el Ayuntamiento tendrá que asumir más de 34 millones de euros en este servicio esencial, «un esfuerzo insostenible que ya afecta a la capacidad económica de los municipios».

La propuesta que llega al Pleno recoge expresamente que el SAF es una prestación esencial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y que la ley gallega atribuye a la Xunta la responsabilidad última de la financiación y planificación. «Cuando la Xunta regula pero no financia, obliga a los ayuntamientos a asumir una carga que no les pertenece, y eso no solo es injusto, sino incompatible con un sistema público eficaz», añadió.

López Racamonde concluyó haciendo un llamamiento al conjunto de la corporación: «Esperamos que todas las fuerzas políticas se pongan del lado de la ciudadanía y defiendan una financiación justa. Lugo no puede seguir asumiendo en solitario lo que corresponde a la Xunta».