1.543.202 €. Esa es la cantidad que el Ayuntamiento de Lugo recaudó en el 2022 con la tasa de aprovechamiento especial del dominio público local por las instalaciones de transporte de energía eléctrica y gas.

Un tributo que graba directamente a las distribuidoras de energía por la afición que estas compañías ocasionan sobre los bienes municipales o comunales y con el que el Ejecutivo de Lara Méndez pretende reforzar los recursos de los que se nutre la Administración local, en pro de la consecución de una fiscalización más eficiente y justa para todo el tejido social.

Precisamente, con esta misma vocación la Junta de Gobierno local aprobaba hoy el Plan municipal de Control Tributario que, segundo señaló el concejal de Economía y Recursos Humanos, Pablo Permuy, “pretende ser un instrumento de gestión en materia de aplicación de tributos pero, sobre todo, una herramienta para la lucha contra el fraude fiscal que haga efectivos los principios de justicia tributaria por los que toda la ciudadanía debe contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica”.

El edil señaló que los trabajos de inspección estarán dirigidos por los responsables técnicos municipales y “su objetivo será el de contribuir al incremento de la recaudación voluntaria, en el caso de los tributos de cobro periódico, pero también llevar a cabo una mayor labor de inspección y tramitar los expedientes que surjan al amparo del mismo”.

Permuy Villanueva explicó, a continuación, que “el cometido a desarrollar tendrá una incidencia directa sobre, entre otros, el Impuesto de Actividades Económicas, para detectar actividades no declaradas; en el ICIO, para verificar que se corresponde el coste real de las obras una vez finalizadas con la licencia solicitada y también sobre la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público a favor de las compañías explotadoras de servicios de suministro de interés general con el fin de comprobar que no estén operando empresas que no tributan por ese concepto”, dijo el edil.

El documento, de carácter reservado segundo determina la normativa vigente (Apartado 7 del artículo 170 del Real decreto 1065/2007), será un texto abierto al que se puedan ir incorporando las informaciones que trasladen los propios equipos de inspección y recogerá, entre otros, los criterios sectoriales y territoriales, cuantitativos o comparativos que servirán para seleccionar a las y a los obligados tributarios.

El Plan tendrá una duración de 12 meses, prorrogable automáticamente, aunque durante su vigencia podrán aprobarse las modificaciones que se estimen convenientes.

“Su misión es, en definitiva, ejercer un control sobre las actividades con riesgo potencial de defraudación, evitar la merma de los valores puestos al cobro por parte del Ayuntamiento - bien sea por prescripción o por insolvencia - y prevenir y realizar un seguimiento de los incumplimientos detectados”, refirió el concejal quien también dio cuenta de las líneas prioritarias de actuación: “potenciar la concienciación contra el fraude, favorecer la tarea inspectora y reforzar las alianzas institucionales con otras administraciones tributarias, especialmente con la autonómica y con la Agencia Estatal, en materia de intercambio y tratamiento de la información”.

Igualmente, Pablo Permuy anunció que en la ejecución del dicho Plan la Institución local procurará agilizar los procedimientos administrativos y reducir las cargas burocráticas con la finalidad de mejorar las relaciones con la ciudadanía.

Antes de finalizar, el responsable del área económica del Ayuntamiento recordó que el cobro de los impuestos y tasas supone el 60% de los ingresos que entran en las arcas municipales “y, por tanto, son un sustento fundamental que nos permite seguir siendo el principal apoyo de las familias lucenses, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.

“Precisamente por eso precisamos garantizarlos, a través de la recaudación local, como principal herramienta de financiación de las políticas socias del Ayuntamiento. Se trata, pues, de una cuestión de subsistencia financiera pero también de justicia fiscal para que, especialmente, las empresas tributen, verdaderamente, por la actividad que desarrollan y por los ingresos que perciben. Una competencia recogida en las Ordenanzas locales y que pretendemos ejercer con eficacia dotándonos de aquellos recursos que están a nuestra disposición y que permitirán que todas y todos, ciudadanía y también tejido productivo, contribuíamos, en la medida que nos corresponde”, concluyó Pablo Permuy.

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