La Alcaldesa, Lara Méndez, avanzó a los portavoces de la Corporación municipal en la junta mantenida este lunes que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para defender la Ordenanza Reguladora del Uso del Gallego en la Administración Local de Lugo tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la dictada en el 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que anula en parte la norma municipal. "No estamos de acuerdo con esta resolución judicial porque esta ordenanza aprobada por unanimidad del Pleno en el año 2012 busca poner a los dos idiomas oficiales que tenemos en Galicia en igualdad de condiciones, igualdad en la que no están e incluso se produce un retroceso, como reflejan los datos, por lo que entendemos que desde la Administración debemos hacer esta protección e impulso especial", subrayó la regidora.

Como datos reveladores del declive que sufre la lengua gallega y de la necesidad imprescindible de promocionar el uso de este elemento fundamental de la cultura y el patrimonio del país, Lara Méndez recordó que, según datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE), el número de hablantes habituales de gallego menores de 30 años cayó en un 44% en 10 años, y sólo un 13% de los jóvenes de entre 5 y 14 años hablan siempre gallego, mientras que, entre los mayores de 65 años, el porcentaje supera el 52%, lo que refleja la pérdida de la transmisión intergeneracional del gallego. A principios de los años 90, el gallego era la lengua inicial para el 62% de las personas mayores de 15 años, y 20 años después lo es solo para el 43%.