La Alcaldesa de Lugo recuerda que existe un acuerdo plenario aprobado por unanimidad de toda la Corporación, y urge avanzar también en la edificación de pisos públicos en otras áreas.
Lara Méndez le tiende la mano a la consellería para valorar, conjuntamente con el vecindario, nuevas dotaciones públicas en el barrio donde puede levantar ya una guardería o centro de mayores.
El gobierno gallego lleva 15 años sin dotar a Lugo de VPO cuando el registro de solicitantes es superior a las 1.350 personas, triplicando incluso la ciudades semejantes como Ourense.
El Ayuntamiento de Lugo mostró su preocupación porque la Xunta de Galicia sigue sin dar cumplimiento al acuerdo plenario unánime de la Corporación aprobado el mes pasado para paralizar oficialmente la ejecución de 58 viviendas sociales en el barrio do Castiñeiro, ya que en el perfil de contratación del Gobierno gallego la obra está tan sólo pendiente de adjudicar el servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción.
La alcaldesa recordó que el Ayuntamiento de Lugo remitió, a comienzos de mes, el acuerdo plenario a la consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, en el que se le insta, a petición del vecindario do Castiñeiro, a que, de manera inmediata, paralizara oficialmente la licitación porque es la zona más sobresaturada de este tipo de pisos en la ciudad. “Pero sigue en marcha lo que muestra la falta de voluntad política, disponiendo la administración autonómica de más terrenos en la ciudad donde ejecutarlas”, incidió.
En el acuerdo también se instaba a solicitar a la Administración Local la modificación del PXOM para limitar el uso residencial de sus parcelas, manteniendo el resto de los usos previstos para las mismas en el Plan Xeral, “porque así también lo pidieron los vecinos”.
En todo caso –apuntó la regidora– el Ayuntamiento sigue tendiendo la mano para sentarse con la responsable de la Consellería con el fin de que rectifique y estudie las demandas reales que traslada el vecindario do Castiñeiro, pudiendo ejecutar en sus parcelas, porque lo permite ya el planeamiento urbanístico, diferentes dotaciones como una guardería, un centro de día o un centro de mayores, servicios reclamados por los vecinos y vecinas y que son de su competencia. En este sentido, la regidora recuerda que el Ayuntamiento acaba de abrir un nuevo centro social multiusos en ese barrio, una pista deportiva y está con la contratación del parque infantil, así como en el avance de la mejora de diversas calles, “y seguimos trabajando en nuevos proyectos”.
En el acuerdo plenario también se instaba la Xunta a ejecutar las viviendas de protección oficial previstas en la primera localización estudiada, en Garabolos. Hace falta subrayar que el gobierno gallego lleva 15 años sin dotar a Lugo de VPO cuando el registro de solicitantes es superior a las 1.350 personas, (lo que supone el 57% de los inscritos en toda la provincia) triplicando a ciudades semejantes como Ourense. El último edificio construido por la Xunta de Galicia destinado a vivienda pública para ayudar a las personas con menos recursos se levantó en la avenida Paulo Fabio Máximo en el año 2008.
