El Gobierno de Miguel Fernández aprobará una nueva Ordenanza de Conservación, Edificación y Rehabilitación de Inmuebles que permitirá desbloquear actuaciones en materia urbanística y mejorar la capacidad de intervención ante situaciones de abandono, ruina o deterioro. Se trata de una iniciativa estratégica, que ve la luz tras meses de trabajo, para modernizar el marco normativo municipal, adaptándolo a las nuevas leyes urbanísticas estatal y gallega, reforzando el papel del Ayuntamiento como garante de la seguridad, la habitabilidad y el patrimonio construido, e incorporando una herramienta novedosa que ya ha demostrado su eficacia en otras ciudades gallegas como Santiago de Compostela, A Coruña o Ferrol.

El alcalde de Lugo destacó que “esta ordenanza es clave para ganar seguridad jurídica, actuar con agilidad y proteger el derecho a una vivienda digna y el patrimonio de la ciudad. Nos permitirá desbloquear actuaciones urbanísticas que hoy están lastradas por limitaciones legales y procedimentales.”

El nuevo texto sustituye dos normativas municipales ya desactualizadas: la Ordenanza reguladora del Registro municipal de solares y edificaciones que deben rehabilitarse en el Ayuntamiento de Lugo, aprobada por el Pleno el 4 de mayo de 2009 y publicada en el BOP núm. 243, del 23 de octubre de 2009; y la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, aprobada el 3 de junio de 2013 y publicada en el mismo BOP núm. 243, del 23 de octubre de 2013. Ambas han quedado superadas por los cambios legislativos posteriores, especialmente por la Ley 1/2019 de rehabilitación y regeneración urbanas de Galicia, que habilita medidas como la expropiación, la venta o la sustitución forzosa ante el incumplimiento de los deberes legales por parte de la propiedad.

Entre sus principales objetivos están favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada, proteger el patrimonio construido, y reforzar la capacidad del Ayuntamiento para actuar ante situaciones de abandono o degradación urbana y reactivar la recuperación del parque de vivienda. También se busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, establecer un orden de prioridades claro en las actuaciones y blindar la seguridad jurídica de los expedientes, algo clave para avanzar sin obstáculos.

La nueva ordenanza unifica en un único texto las obligaciones de edificación, conservación y rehabilitación, y recoge medidas eficaces frente al incumplimiento reiterado de la propiedad, como la imposición de multas coercitivas, la ejecución subsidiaria de las obras, y también la posibilidad de aplicar la expropiación, la venta forzosa o la sustitución del propietario por otra persona que asuma las obras, siempre mediante procedimientos garantistas.

Al mismo tiempo, se introduce la obligatoriedad de presentar informes de evaluación en los edificios de vivienda colectiva de más de 50 años y en los inmuebles catalogados, con el objetivo de planificar mejor la conservación del parque edificado.

El texto será llevado a la Junta de Gobierno la próxima semana como paso previo a su aprobación inicial y al proceso de exposición pública. Una vez superada esta fase y resueltas las alegaciones que puedan presentarse, el documento será sometido al Pleno para su aprobación definitiva

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