El Ejecutivo de Miguel Fernández aprobará en la Junta de Gobierno local que se celebra el próximo miércoles el convenio que permitirá adquirir la titularidad de dos parcelas propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo en el barrio do Castiñeiro. El objetivo de este acuerdo con el Gobierno autonómico es evitar la concentración de vivienda  de protección en esta zona de la ciudad en la búsqueda de un modelo que distribuya este tipo de vivienda por toda la trama urbana.

“Esta negociación nos permite atender las demandas vecinales y evidencia nuestra disposición a trabajar de manera colaborativa con el Gobierno autonómico en la búsqueda de que la Xunta revierta el grave déficit de vivienda pública que sufrimos en nuestra ciudad y atienda así el largo listado de lucenses demandantes de la misma. Nuestra voluntad es seguir trabajando con la determinación precisa para alcanzar que Lugo prospere”, señaló a este respeto el alcalde.

Para la adquisición de estos terrenos situados en la rúa Ramón Piñeiro el Gobierno local cederá un total de seis parcelas distribuidas a lo largo de varias zonas de la ciudad y que fueron seleccionadas por el ente autonómico de un extenso listado elaborado por los técnicos municipales. De este modo, y con la voluntad de facilitar la edificación de vivienda protegida, el Ayuntamiento cede 3 parcelas ubicadas en el Polígono 4 de la avenida Infanta Elena, una parcela en Paradai de arriba, otra en rúa Illa Coelleira y una última ubicada en la intersección de la rúa Ángelo Colocci con la rúa Lavandeira.

El conjunto de la edificacibilidad de estas seis parcelas es similar al aprovechamiento de los terrenos que se adquirirán en o Castiñeiro. Además, y según resulta de los informes técnicos de valoración emitidos por la arquitecta municipal y por la arquitecta del IGVS, el valor económico de las parcelas municipales asciende a 4.788.919,08 de euros, y el de las parcelas del IGVS asciende a 4.730.235,96 de euros. La diferencia del valor entre los bienes municipales y los del IGVS es de 58.683,12 euros, cantidad que el IGVS se compromete a abonar al Ayuntamiento de Lugo.

“Es necesario garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, especialmente para los sectores con menos capacidad económica, como puede ser parte de nuestra juventud. Es necesario que el Gobierno autómico asuma sus competencias y revierta el actual déficit de vivienda pública en Lugo tras 15 años de parálisis. Y es necesario además que lo haga realizando un uso del suelo de acuerdo con el interés general, erradicando la especulación y actuando cómo elemento de regulación del mercado inmobiliario y de mejora de la calidad ambiental”, explicó Fernández.

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