La Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, firmó el decreto por lo que se le da traslado a la Xunta de Galicia de un total de 1.035 expedientes sancionadores vinculados con la normativa sanitaria COVID que el Ayuntamiento de Lugo se vio obligado a tramitar antes del 26 de febrero, fecha del cambio normativo gallego, sin tener las competencias para hacerlo.

El Ayuntamiento de Lugo ya había advertido que las Administraciones locales no eran competentes para tramitar las multas vinculadas con las restricciones decretadas durante la pandemia, opinión compartida por la Abogacía del Estado y que ahora diversas sentencias judiciales avalan. "La Xunta, sabedora de que los ayuntamientos no teníamos la capacidad competencial, nos impuso igualmente esta labor para tirar balones fuera, pero luego no le quedó más remedio que modificar la Ley de Salud de Galicia para darle esa capacidad a las entidades municipales, cambio que entró en vigor el 26 de febrero", segundo recordó la regidora.

Los expedientes que el Ayuntamiento remite ahora a la Xunta se corresponden al período comprendido entre lo 1 de septiembre de 2020 y hasta el 26 de febrero de 2021.

De los 1.035, unos se encuentran ya caducos y otros finalizados, y son los susceptibles de ser sobreseídos y archivados por la falta de la competencia sancionadora del Ayuntamiento, pero ninguno de ellos está prescrito aún, "por lo que se impone el deber de darle traslado de las actas a la autoridad competente para una nueva incoación y sanción", tal y como recoge la propuesta de conclusión y archivo de los expedientes elaborada por la Policía Local.

El Ayuntamiento de Lugo también le reclamará a la Xunta de Galicia los costos que le supusieron las acciones sancionadoras, ya que tuvo que contratar a una empresa de apoyo ante la insuficiencia de medios técnicos y de recursos humanos propios para asumir este cometido. Responsabilizarse de esta tarea se tradujo en un gasto para la Administración local de más de 41.000 euros, la razón de 40 € (más IVA) por cada boletín/acta tramitado.