El Alcalde de Lugo, José López Orozco, y la Concejal de Mujer y Bienestar Social, Carmen Basadre, mantuvieron una nueva junta con representantes de los vecinos del barrio del Puente ante la conflictividade generada con la adjudicación masiva de vivienda sociales por parte de la Consejería de Vivienda. López Orozco quiso dejar claro que "no se trata de lavar las manos, como fijo Pilatos en su día, cuando hay uno problema en la ciudad el Alcalde también lo tiene, y tiene que colaborar para que se solucione, ese es mi compromiso". El mandatario lucense aclaró las dudas que tenían los vecinos, "tenían mala información y quise explicarles con papeles, como fue el proceso de adjudicación de las vivencias sociales" en el que el Ayuntamiento fue un mero tramitador de expedientes, con una única responsabilidad: "cumplir el Decreto 257/2004 tal y como instaba Vivienda mediante un Oficio. Este Decreto señala cuál es nuestro trabajo y los servicios técnicos del Ayuntamiento lo hicieron cumpliendo la ley".

López Orozco recordó que los pasados 12 y 13 de mayo ya recibió a los vecinos de la Ponte y que hablará con ellos las veces que haga falta, "mi deber es colaborar para intentar buscar una solución. No es sencillo, porque hablamos en algunos casos de derechos recogidos en la propia Constitución, pero el Ayuntamiento hará todo el posible para solucionar esta situación".

O Alcalde recordó que enviará una carta a los vecinos para explicarles la cada uno de ellos como fue este proceso, además fijo público un informe conocido polos vecinos y remitido en marzo del 2007 al Defensor del Pueblo, en el que se pone de manifiesto a contrariedad del Ayuntamiento de Lugo por las adjudicaciones que se están a hacer en este barrio lucense.

En el informe se dice: "Se hace constar que, desde los ayuntamientos, venimos observando como, aplicando los baremos de puntuación contenidos nos sucesivos decretos autonómicos reguladores de este tipo de viviendas, resultan adjudicatarias familias que pertenecen, mayoritariamente, a la etnia gitana y al colectivo inmigrante. En reiteradas ocasiones, y al largo de varios años, el Ayuntamiento ha manifestado ante la Xunta de Galicia, la conveniencia de que las viviendas sociales estuvieran dispersas por la ciudad, para evitar la concentración de familias con problemáticas sociales graves; en definitiva, para evitar la marginalidad y la perpetuación de bolsas de conflicitividade social. Incluso lo de ahora nuestras propuestas no se vieron plasmadas en la realidad".

Este informe, fue enviado el 21 de marzo del año 2007 luego de una junta mantenida polo Alcalde y la Concejal con los vecinos del barrio de A Ponte. La esencia de este documento, recoge la política sucesiva por este Ayuntamiento desde que Carmen Basadre está al frente de Bienestar Social, y que se basó en evitar la concentración de personas con problemáticas sociales en determinadas zonas de la ciudad.

López Orozco insistió en que "no consiste en pasarle la pelota a nadie, el Ayuntamiento está del lado de todos y cada uno de los vecinos, pero es importante que no exista desinformación y que cada uno asuma el papel que le tocó jugar en este proceso. El papel del Ayuntamiento fue lo de tramitar los expedientes" siguiendo un decreto aprobado con un gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia.