El compromiso de la Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, de convertir el espacio donde se levanta o Garañon (URPI 58) en una zona verde en su totalidad de un nuevo paso con la aprobación mañana del proceso de licitación para derribar de forma inminente el edificio, "derribo que, tal y como prometemos, se desarrollará en este mandato", sostuvo la regidora.

Así lo anunció esta mañana la Alcaldesa, que recordó que su objetivo es darle respuesta a una demanda social y crear un nuevo pulmón verde en la ciudad que le dé continuidad a las Costas do Parque y al parque de Rosalía de Castro, uno de los más emblemáticos, ampliando así el cinturón natural de Lugo, "ayudando a integrar el río Miño en la ciudad, siendo coherentes con el modelo sostenible que impulso desde el mandato pasado y que apuesta por la recuperación, renaturalización y creación de nuevos espacios para el esparcimiento y ocio de la ciudadanía".

El procedimiento de demolición, que se acometerá por ejecución subsidiaria, discurre de manera simultánea al plazo de dos meses que la Administración local le concedió a la propiedad para que se haga cargo de los trabajos, "con el fin de que, agotado ese tiempo sin ninguna gestión realizada por su parte al respeto, el Ayuntamiento pueda tener avanzada ya la tramitación necesaria para eliminar la construcción", avanzó Lara Méndez.

La Alcaldesa, que estuvo acompañada por el concejal de Sostenibilidad Urbana, Álvaro Santos, explicó que la Junta de Gobierno autorizará la contratación de un proyecto visado de obras completo de demolición que incluye la reposición al estado original de los terrenos -con el que se da así respuesta a la sentencia que obliga a reponer la legalidad urbanística en el entorno-, la ejecución de las obras, así como la dirección facultativa necesaria de las mismas y que abarcará a todo lo edificado sin título habilitante.

Lara Méndez apuntó que, dando cuenta del carácter excepcional y complejo del expediente y que el derribo se puede realizar por diferentes métodos - manual, mecánico, combinado, o incluso voladura controlada -, el Ejecutivo entendió conveniente licitar la obra a través de un contrato mixto, descartando otras posibilidades como el concurso de proyectos, para disminuir el coste de la operación, favoreciendo, más allá, la libre concurrencia. Por eso, la empresa debe redactar y ejecutar el proyecto. El plazo de entrega del proyecto será de dos meses y el de materialización de la demolición, de 8 meses, que comenzarán a contar desde la fecha en la que se firme el acta de replanteo.

La superficie donde actuará será de 18.662 m² y el valor estimado de la licitación asciende a 965.000 euros (cuya consignación presupuestaria ya está habilitada), una cantidad que fue determinada en base a las consultas realizadas a diferentes empresas especializadas en grandes demoliciones.

Obras que incumplen la legalidad

De manera paralela a este proceso, el Ayuntamiento sigue trabajando en la modificación puntual del PXOM en ese espacio. Asimismo, según avanzó la Alcaldesa, se está también a punto de resolver el expediente de Disciplina Urbanística que ponen de manifiesto que o Garañón no se ajusta a la licencia, otorgada en su día y posteriormente anulada, en base a un nuevo informe del Servicio de Arquitectura.

El Ayuntamiento, tras realizar un levantamiento topográfico de las obras existentes, constató que "lo edificado que se estaba ejecutando no respeta lo delimitado en el título habilitante concedido y que, por tanto, el inmueble, además de ilegal es totalmente ilegalizable al amparo del ordenamiento urbanístico vigente ya que no cumple el PERI en vigor y, además, incrementa el agravio que ya se puso de manifiesto en la sentencia judicial que obliga a la reposición de la legalidad", concluyó la Alcaldesa.

El concejal Alvaro Santos concretó que, a la vista de los estudios realizados, las torres, en su estado actual, presentan una serie de diferencias que evidencian una falta de adecuación sobre el proyecto que obtuvo la autorización, destacando, especialmente el importante incremento en altura de los dos volúmenes edificados ya que, entre otros aspectos, las plantas altas superan, cada una, en 10 cm lo recogido en dicho proyecto.

"Tampoco las tres plantas del sótano, el semisoto o la cubierta cumplen el PERI aprobado por, en este último caso y entre otros motivos, sobrepasar el concepto denominado sólido -capaz, es decir, el volumen limitado por la rasante de aplicación, los planos de la fachada y de cubierta, que hacen que, entre otras anomalías, aumente la superficie de las tres terrazas", aclaró.

En estos momentos los interesados en la causa han concedido un trámite de audiencia de diez días para que presenten los alegatos que estimen oportunas a este informe, tiempo tras el cual la Administración podrá resolver de forma definitiva.

El responsable de Sostenibilidad Urbana indicó que, por otra parte, viene de desestimar los alegatos presentados por la defensa del promotor de la obra para suspender el procedimiento. "Una petición que se hizo en base a la caducidad del mismo, establecida legalmente en 6 años luego de la terminación de las obras; una edificación que, se constata perfectamente, no fue concluida y una petición que tampoco atiende a la otra causa esgrimida por la defensa: la legitimidad y necesidad de resolución previa de una reclamación patrimonial por la anulación del título habilitante que, en todo caso, sería motivo de otro procedimiento judicial. Visto lo cual, debe imperar el deber de la Institución de adoptar las medidas necesarias para restaurar la orden urbanística vulnerada y reponer la legalidad cumpliendo la sentencia ya dictada. Una meta que, luego de lo anunciado hoy, podemos decir que estamos a punto de alcanzar", afirmó.

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