Lugo lleva desde el 2008 sin contar con la creación de nueva vivienda pública. Mientras, las listas de demandantes, que actualmente superan las 1.300 personas en la ciudad, se incrementan año a año.

Para tratar de paliar esta realidad, el Ejecutivo de Lara Méndez autorizó hoy una nueva convocatoria de ayudas municipales al alquiler, cuyas bases se aprobaban esta mañana en Junta de Gobierno local.

La concejala de Bienestar Social y Mayores, Olga López Racamonde, explicó que, “como principal novedad, en este 2023 se incrementa no solo la cuantía de la bonificación, con la que se podrá cubrir hasta el 50% del importe del alquiler, sino que también ascendió el tope máximo establecido para la renta que tienen las viviendas susceptibles de subvencionar, pasando de los 350 euros (en 2022) a los 400 €, tratando de adaptarnos así a la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario”, señaló la edil.

En total, el Ayuntamiento movilizará en este ejercicio 210.000 euros para dar cobertura a estas ayudas para las que se incluye la posibilidad de prórroga de la convocatoria por un año más, duplicando la consignación económica al efecto.

“Una partida a la que hace falta añadir otros 150.000 euros procedentes de la Emergencia Social - alrededor del 50% del presupuesto con el que cuenta esta prestación – y que fue empleado por las personas beneficiarias de la misma para afrontar los gastos de mantenimiento de la vivienda como la cuota de la hipoteca y mismo las facturas de suministro energético, principales necesidades de los usuarios y usuarias del servicio que, si bien, en muchos de los casos, cuentan con ayudas para el mantenimiento, los ingresos que perciben no les alcanzan para el pago de todos los recibos que deben asumir”, señaló López Racamonde.

La responsable de Bienestar refirió también que en esta próxima convocatoria de las subvenciones municipales al alquiler tendrán prioridad en su otorgamiento las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales con cargas familiares, las unidades de convivencia que tienen a su cargo tanto descendentes hasta los 25 años como personas con un grado de discapacidad superior al 65% y, en cuarto lugar, las unidades de convivencia que estén compuestas exclusivamente por jóvenes de hasta 35 años de edad.

“Además, ampliamos los márgenes del IPREM (que no sea inferior al 0’5 ni superior al 2’5) para poder optar a estas aportaciones con la finalidad de aumentar su ámbito de aplicación y hacer extensiva esta prestación a un mayor número de personas”, sostuvo Olga López.

La concejala avanzó que el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación oficial del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

“Entre los requisitos exigidos figuran, para el inmueble, que este tenga unas condiciones mínimas de habitabilidad, que la cocina esté en buen uso, que cuente con las instalaciones de gas, agua, saneamiento e iluminación legalizadas y que disponga de un cuarto de baño completo y con ventilación. Además todas las estancias deben ser accesibles y no se permite el uso de almacenamiento descontrolado de objetos. Por parte de los beneficiarios, estos deberán cumplir con el abono mensual del alquiler y justificarlo, mantener el domicilio en condiciones idóneas, o no percibir otras ayudas o subvenciones por el mismo concepto. Además no podrán subarrendarla ni alquilar habitaciones de la misma”, concluyó Olga López.

Tras el acuerdo en la sesión de esta mañana la previsión es que el procedimiento para el 2023- 2024 quede resuelto antes de que finalice el año.

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