La seguridad ciudadana es una prioridad para este Gobierno. Desde el primer día asumimos el compromiso de impulsar medidas concretas para mejorar la convivencia y ofrecer a la Policía Local más medios para desarrollar su trabajo con mayor eficacia.

En esa línea, el Gobierno local recuperó la Mesa Permanente de Seguridad de la Policía Local, como órgano de análisis y seguimiento de las incidencias en la ciudad; impulsó la incorporación de nuevos efectivos mediante la Oferta Pública de Empleo y las plazas de movilidad, con el objetivo de reducir los tiempos de incorporación de los agentes a la plantilla.

Un paso más

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, anunció el inicio de los trámites para solicitar la autorización necesaria para instalar cámaras de videovigilancia en el entorno de los locales conflictivos de la zona de A Milagrosa.

La iniciativa no responde a una decisión discrecional del Gobierno, sino que está avalada por los informes técnicos incorporados al expediente, elaborados por la Policía Local y por la Policía Nacional, a los que se suma el informe emitido por la Asesoría Jurídica municipal.

En este sentido, el informe de la Asesoría Jurídica recoge expresamente que "de los informes que constan en el expediente emitidos por los máximos responsables de la Policía Nacional y Local se desprende la existencia de un repunte en la actividad delictiva en alguna zona concreta e identificada de la ciudad de Lugo y la necesidad y conveniencia de la instalación de cámaras de videovigilancia como medida, en primer lugar preventiva en materia de seguridad ciudadana y también como favorecedora de la investigación de los hechos delictivos".

El mismo informe recuerda que esta actuación se encuentra regulada por la Ley Orgánica 4/1997, que contempla la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos para garantizar la convivencia ciudadana, el uso pacífico de los espacios públicos y la prevención de delitos e infracciones vinculadas a la seguridad pública. Además, precisa que "no estamos ante una simple videovigilancia patrimonial o de edificios municipales, sino ante videovigilancia policial en espacio público", por lo que la instalación requiere la correspondiente autorización de la Delegación del Gobierno.

Por tanto, el Ayuntamiento remitirá la solicitud a la Subdelegación del Gobierno, administración competente para tramitar y resolver esta autorización conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente.

Elena Candia destacó que "nuestro compromiso es seguir adoptando medidas útiles y eficaces para reforzar la seguridad ciudadana y la convivencia, siempre con base en criterios técnicos, dentro de la legalidad y dotando a la Policía Local de las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones".