El Ejecutivo de Paula Alvarellos aprobará en la Junta de Gobierno Local que se celebra mañana el Plan municipal de Control Tributario para el ejercicio 2025. El nuevo documento pretende ser un instrumento de gestión en materia de aplicación de tributos pero, sobre todo, una herramienta para continuar luchando contra el fraude fiscal que haga efectivos los principios de justicia tributaria por los que toda la ciudadanía debe contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica.

Estos trabajos de inspección, que continúan la senda iniciada en el ejercicio fiscal que acaba de rematar, estarán dirigidos por los responsables técnicos municipales y su objetivo será el de contribuir al incremento de la recaudación voluntaria, en el caso de los tributos de cobro periódico, pero también llevar a cabo una mayor labor de inspección y tramitar los expedientes que surjan al amparo del incluso.

El documento, de carácter reservado segundo determina la normativa vigente (Apartado 7 del artículo 170 del Real decreto 1065/2007), será un texto abierto al que se puedan ir incorporando las informaciones que trasladen los propios equipos de inspección y recogerá, entre otros, los criterios sectoriales y territoriales, cuantitativos o comparativos que servirán para seleccionar a las y a los obligados tributarios. El Plan tendrá una duración de 12 meses, aunque durante su vigencia podrán aprobarse las modificaciones que se estimen convenientes.

El cometido a desarrollar tendrá un incidente directo sobre, entre otros, el Impuesto de Actividades Económicas, para detectar actividades no declaradas; en el ICIO, para verificar que se corresponde el costo real de las obras una vez finalizadas con la licencia solicitada y también sobre la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público a favor de las compañías explotadoras de servicios de suministro de interés general con el fin de comprobar que no estén operando empresas que no tributan por ese concepto.

Su misión es por lo tanto ejercer un control sobre las actividades con riesgo potencial de defraudación, evitar a la merma de los valores puestos al cobro por parte del Ayuntamiento, bien sea por prescripción o por insolvencia, y prevenir y realizar un seguimiento de los incumplimientos detectados. Sus líneas prioritarias de actuación se centrarán en potenciar la concienciación contra el fraude, favorecer la tarea inspectora y reforzar las alianzas institucionales con otras administraciones tributarias, especialmente con la autonómica y con la Agencia Estatal, en materia de intercambio y tratamiento de la información.