La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, dio cuenta hoy en el Comité de Seguridad y Salud de la sentencia judicial de la sección social del Tribunal de instancia que declara la vulneración del derecho fundamental a la integridad física y a la salud de un trabajador del Parque de Bomberos y que condena al Ayuntamiento a adoptar medidas correctoras en materia de prevención de riesgos laborales y a pagar 7.500 € en concepto de indemnización por daños morales al afectado.

La alcaldesa Elena Candia calificó la resolución de “especialmente grave” al constatar que los incumplimientos advertidos por la Inspección de Trabajo no fueron corregidos por el anterior gobierno municipal pese a los requerimientos realizados.

“Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar Lugo dijimos que no veníamos a perder tiempo mirando hacia atrás, sino que veníamos a trabajar para resolver los problemas de los lucenses, pero lo que estamos descubriendo es mucho más grave de lo que pensábamos: nos encontramos con situaciones que afectan directamente a la seguridad de los trabajadores municipales que ni se atendieron, ni se corrigieron”, señaló.

No estamos hablando de una discrepancia política ni de una valoración del actual gobierno, sino de una sentencia que indica que existían deficiencias en cuestiones tan relevantes como la integración de la prevención de riesgos laborales, la planificación de la actividad preventiva, la designación de recursos preventivos o la elaboración de procedimientos de trabajo exigidos por la Inspección de Trabajo. Además, condena al Ayuntamiento a adoptar medidas correctoras en un plazo máximo de 30 días.

Lo que nos preocupa no es solo lo que dice la sentencia, lo que nos preocupa es comprobar que detrás de esta resolución hay problemas que llevaban demasiado tiempo sin afrontarse.

Durante la reunión del Comité de Seguridad y Salud también se abordaron otras cuestiones pendientes relacionadas con la seguridad y salud laboral de los empleados municipales. Hay que recordar que este órgano no se convocaba desde octubre de 2025, lo que contribuyó a acumular asuntos de relevancia que requieren una atención inmediata.

68.000 € por una caída en el casco histórico

La alcaldesa enmarcó esta resolución en un contexto más amplio de problemas heredados que están aflorando en las últimas semanas y recordó que el Ayuntamiento también recibió otra sentencia que obliga al pago de una indemnización de más de 68.000 euros derivada de una caída en la vía pública. “Intentaron minimizar este tipo de sucesos de forma reiterada, en alusión a las respuestas dadas por el anterior gobierno en pleno, en las que concluían que solo hubo 40 caídas en las zonas donde se realizaron las obras de peatonalización y que las denuncias de los ciudadanos eran pocas”.