El Ayuntamiento de Lugo está estudiando las posibilidades de reformular el trazado del carril bici de la ciudad con el objetivo de corregir los problemas de movilidad que está ocasionando y avanzar hacia una solución que permita compatibilizar el impulso de la movilidad sostenible con las necesidades reales de los lucenses.

Con este propósito, el concejal de Movilidad y Obras, Antonio Ameijide, mantuvo en el Parlamento Europeo, en Bruselas, varias reuniones para conocer de primera mano las condiciones que regulan las actuaciones financiadas con fondos comunitarios, las posibilidades de modificar el proyecto y los plazos que deben tenerse en cuenta para abordar una eventual reformulación e incluso supresión de ciertos tramos por seguridad.

Antonio Ameijide explicó que “nuestro objetivo es estudiar todas las alternativas que permitan mejorar el carril bici y corregir los problemas que está generando en la movilidad diaria de los lucenses, para lo que queremos conocer qué se puede modificar, en qué condiciones y dentro de qué plazos, para tomar decisiones con todas las garantías y con el máximo rigor, como siempre hemos hecho”.

El concejal de Movilidad y Obras incidió en que la modificación del trazado no tiene por qué implicar necesariamente un cambio en la naturaleza ni en los objetivos fundamentales de la actuación.

En este sentido, Ameijide defendió la necesidad de analizar las posibilidades existentes para adaptar el recorrido a las necesidades de la ciudad, manteniendo la finalidad de favorecer una movilidad más sostenible, pero evitando que su configuración actual siga causando dificultades a los vecinos.

“Modificar el recorrido no significa renunciar a la movilidad sostenible. Lo importante es que la infraestructura cumpla su función, que esté bien integrada en la ciudad y que sea compatible con la movilidad, con la seguridad y con la vida diaria de los lucenses”, señaló.

Uno de los aspectos abordados durante la visita fue el marco normativo europeo que regula la durabilidad de las actuaciones financiadas con fondos comunitarios. En concreto, se analizó el artículo 71 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, relativo a la durabilidad de las operaciones, que establece determinadas condiciones para las infraestructuras y las inversiones productivas financiadas con fondos europeos.

Este artículo contempla la posible devolución de las aportaciones comunitarias cuando, durante el período de cinco años posterior al pago final al beneficiario, se produzcan determinadas circunstancias, entre ellas una modificación sustancial que afecte a la naturaleza, a los objetivos o a las condiciones de ejecución de la operación y que menoscabe sus objetivos originales.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Lugo se considera necesario determinar con precisión el alcance de las posibles modificaciones y comprobar que una eventual reformulación del trazado resulta compatible con las condiciones de la ayuda europea. La cuestión fundamental es distinguir entre un cambio en el recorrido de la infraestructura y una modificación sustancial que altere la finalidad o los objetivos para los que fue financiada.

“Lo que estamos analizando es cómo actuar dentro de la legalidad y con todas las garantías. Si podemos adaptar el trazado sin cambiar los objetivos de la actuación, tenemos la obligación de conocer las vías que nos permitan hacerlo y los plazos que tenemos para tomar una decisión”, indicó.