El Ayuntamiento de Lugo presentará ante la Confederación Hidrográfica un informe para clarificar, con datos y mediciones, las objeciones en las que la Xunta de Galicia se basó para negar la posibilidad de instalar las piscinas fluviales en la segunda propuesta de ubicación que planteó para poder abrirlas este mismo verano.

Lo anunció hoy el teniente de alcaldesa y portavoz municipal, Miguel Fernández, al tiempo que explicó que junto con la solicitud de cambio de emplazamiento, una modificación que la propia CHMS consideró no sustancial, la Administración local ya había entregado una justificación técnica con diferentes anexos en los que se acercaban todos los cálculos relacionados con la afectación que el nuevo sistema de anclaje propuesto - al lado del río y no al lecho, para que fuera menos invasivo aún con el entorno natural y fluvial - podía ocasionar.

"Un mecanismo que se sustentaba en el empleo de bielas y tirantes - que cumplen la función de mantener separadas las piscinas de la ribera a una distancia fija - de la que se ofreció información sobre materiales, características mecánicas, zapatas, cargas, etc con el objetivo de documentar que la variación sugerida resultaba viable", indicó el edil.

Fernández relató que para evaluar la presión que ejercería el pantalán sobre el agua se tuvo en cuenta una utilización de las piscinas muy por encima de su uso. "Se calculó en base al peso de 760 personas de 80 kg cada una, lo que serían las condiciones más desfavorables posibles y que justificar cualquiera de las situaciones que pudiesen ocurrir mientras se empleaba la instalación".

Una vez más, el portavoz del Gobierno local puso de manifiesto las contradicciones en las que recae la Xunta.

"Está descartando ahora una ubicación a la que dio su beneplácito en 2019. Y en el mismo informe Patrimonio Natural daba cuenta, más allá - aunque actualmente esté trasladando lo contrario - de que el estudio elaborado por el Ayuntamiento para conseguir la autorización al proyecto hacía "una evaluación completa y extensa del medio natural de la zona, incluyendo una lista amplia de especies y hábitats posibles", e indicaba que "los impactos sobre ese medio y especies se valoraban de manera certera", además de recoger que según la documentación presentada, "el calado en esa zona sería suficiente para que los módulos de los que se compone la estructura no toquen en el lecho del río" y que "en todas las mediciones supera el 1,33 mts. de calado mínimo en toda la zona". De manera que lo que servía antes, no vale hoy", lamentó Fernández.

El concejal de Medio Ambiente expuso que "al igual que sabemos que el río es un organismo vivo, cuyo estado hace falta valorar cada año - porque un verano pueden darse unas circunstancias y al siguiente ser ya diferentes - no entendemos por que la Xunta quiere coartar la legitimidad que nos da el permiso que obtuvimos por 25 años y nos sugiere renunciar directamente a la concesión, sabiendo que la búsqueda de otra localización y su tramitación será ardua y larga como ya lo fue esta, privando durante mucho más tiempo a la ciudadanía lucense de una zona de baño pública", concluyó Miguel Fernández.

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