El Ejecutivo de Lara Méndez defenderá en el Pleno una proposición para garantizar el futuro del Campus Terra

La propuesta solicita a la Xunta de Galicia  revisar el Decreto 222/2011, por lo que se establece el alumnado mínimo por grado universitario cómo criterio para asegurar su viabilidad, por no adecuarse a la realidad gallega y por sus múltiples  implicaciones negativas.

El texto insta a la USC a considerar de manera objetiva la especialización del Campus Terra como un valor competitivo diferencial en su toma de decisiones, de manera especial  ante una posible reconfiguración de su mapa de titulaciones.

Martes, 14 de noviembre de 2023
Fuente: 
Gabinete de Prensa
El Ejecutivo de Lara Méndez defenderá en el Pleno una proposición para garantizar el futuro del Campus Terra

El área socialista del Gobierno local defenderá en el pleno ordinario de este mes una proposición que tiene por objetivo garantizar el futuro del Campus Terra conservando su actual oferta educativa y su trascendental labor de investigación. La propuesta solicita a la Xunta de Galicia revisar el Decreto 222/2011, por lo que se establece el alumnado mínimo por grado universitario cómo criterio para asegurar su viabilidad, por no adecuarse a la realidad gallega y por las múltiples implicaciones negativas que, a nivel social, económico y cientifico, tiene esta norma para Lugo y, por extensión, para toda la Galicia rural. Asimismo,  el texto insta a la USC a considerar, de manera objetiva, la especialización del Campus Terra como un valor competitivo diferencial en su toma de decisiones,  especialmente  ante una posible reconfiguración de su mapa de titulaciones.

“Tras un serie de encuentros mantenidos a lo largo de los útlimos dias, tanto de forma presencial como teléfonica, con la dirección de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y con distintos agentes del Campus Terra por este asunto, desde el Gobierno local apostamos por trabajar de forma institucional en la defensa de nuestro campus y por eso presentamos esta proposición de manera razonada y fundamentada”, señaló la regidora, quien considera que los argumentos esgrimidos por el rectorado de la USC son insuficientes.

“Los criterios para definir la viabilidad de una titulación no pueden establecerse únicamente por el numero de alumnos y alumno matriculados, sino por el rendimiento que las personas con titulación en estos grados aportan al territorio. En este sentido, la vinculación del Campus Tierra con Lugo, donde la agricultura, la ganadería, el sector forestal  y los diferentes procesos del sistema agroalimentario tienen un peso capital en el sistema productivo, están sobradamente acreditados”, señaló a este respecto la alcaldesa de Lugo, quien recordó algunas de las aportaciones de los equipos de investigación nuestra sociedad.

“Gran parte de la reforma estructural acometida en las explotaciones ganaderas gallegas en el siglo XXI se llevó a cabo teniendo en cuenta los criterios  de optimización de producción de los expertos de este campus. Además, el trabajo de I+D+I que se viene llevando a cabo desde este espacio permitió que valiosos proyectos empresariales habían visto la luz en los últimos años, posibilitando suministrar nuestra economía y dinamizando el mercado laboral”, afirmó la regidora, que alertó del peligro que supone para estos grupos de investigación la restruturación esbozada por el rectorado de la USC.

Méndez considera que, si bien la presión ejercida por la comunidad universitaria, las instituciones locales y la sociedad lucense en general a lo largo de estos últimos dias alcanzaron un aplazamiento temporal en la toma de la decisión por parte de la USC, continúa existiendo una amenaza latente sobre el futuro del Campus Terra como espacio docente y de investigación científica.

“La comunidad universitaria, desde el colectivo de docentes hasta las agrupaciones estudiantiles, coinciden en afirmar que este decreto no se adecua a la realidad social gallega, ya que aspectos claves como el balance demográfico, la internacionalización de la formación universitaria o el actual contexto económico y social no fueron tenidos en cuenta en su proceso de redacción. Es, por sí mismo, este argumento, el de la obsolescencia legislativa, motivo suficiente para que el Gobierno autonómico revise el decreto y el rectorado reevalue su decisión”, concluyó la alcaldesa.

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