El área socialista del Gobierno local defenderá en el pleno ordinario de este mes una proposición que respalda las reividicaciones del colectivo de la abogacía y la procuración en su búsqueda de alcanzar unas condiciones de jubilación parejas a su tiempo de trabajo. El documento insta al Gobierno a promover las modificaciones normativas necesarias para establecer una pasarela que permita la posibilidad puntual, individual y voluntaria, de que estos profesionales puedan recuperar sus aportaciones a las mutualidades privadas con destino al RETA. “Se debe garantizar a todos y todas las profesionales, en función de sus años de ejercicio y cotización a las mutualidades, el derecho a una pensión de jubilación mínima y digna, en iguales condiciones que al resto de trabajadores y trabajadoras cotizantes del RETA, incluidos aquellos que ya conforman las clases pasivas”, señaló la portavoz municipal, Paula Alvarellos.

La edil explicó que su grupo municipal quiere mostrar un apoyo fuerte y decidido a un colectivo estratégico para el correcto desarrollo del sistema jurídico y, por lo tanto, fundamental para alcanzar que la Justicia sea real y efectiva para toda la ciudadanía. “En la actualidad, estos profesionales, adscritos o no al Turno de Oficio, no tienen derecho a la jubilación, viéndose obligados y obligadas a prolongar indefinidamente su vida laboral, puesto que sus jubilaciones son en cuantías, en la mayor parte de los casos, inferiores a una pensión no contributiva, a pesar de cotizar durante toda su vida profesional”, explicó Alvarellos.

Hasta el año 1995 estos colectivos profesionales no podían darse de alta en el sistema público de trabajadores/as autónomos/as, conocido cómo RETA. Se les obligaba, cómo única opción posible, a adherirse a un sistema privado, a las mutualidades. Cuando se abrió la posibilidad de adscribirse al sistema público, la situación no cambió. Esto implica para los y las cotizantes en las mutualidades, que todo lo allegado queda atrapado en esas entidades privadas.

Asimismo, la iniciativa pide trasladar estos acuerdos a la Xunta de Galicia, al Gobierno de España, a todos los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Galicia y en el de España, así como al Parlamento Europeo, al Consejo de la Abogacía Gallega, al Consejo General de la Abogacía Española y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.