La Junta de Gobierno abre mañana el proceso para acatar las sentencias del Garañón y derribar el edificio

La Alcaldesa informó de este nuevo paso en la Comisión no Permanente sobre la unidad de actuación CS-5 reunida hoy

En la junta quedó designada la presidencia y la vicepresidencia, que asumen la regidora y el portavoz municipal, y se acordó la fecha de la siguiente reunión: el 5 de mayo

Martes, 11 de abril de 2017
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Gabinete de Prensa

Cumpliendo con los plazos que ya había avanzado la Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, la Junta de Gobierno tomará razón mañana de la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que lleva consigo la anulación del proyecto de urbanización de la unidad de actuación CS-5, de manera que se abre el procedimiento para acatar las sentencias del Garañón y derribar el edificio. La regidora informó de este nuevo paso en la Comisión no Permanente sobre la CS-5, que se reunió esta mañana en el Salón de Comisiones durante unas dos horas y media.

En la junta quedó designada la presidencia y la vicepresidencia de la Comisión, que asumen Lara Méndez y el portavoz municipal, Miguel Fernández, respectivamente. Se adoptaron asimismo tres acuerdos: fijar en la propia comisión la periodicidad de la misma, de forma que en la de hoy se decidió convocar la siguiente junta para el 5 de mayo; que los integrantes tengan capacidad propositiva para incluir puntos en la orden del día y que puedan instar al gobierno a que pida informes.

Tras la toma de razón de la firmeza de las sentencias del TSXG sobre El Garañón por parte de la Junta de Gobierno, el siguiente paso, segundo explicó la Alcaldesa, consiste en requerir al constructor que en el plazo de tres meses presente los oportunos proyectos de urbanización y de obra de edificación, ajustados a los criterios y soluciones referidos a la protección del patrimonio cultural que a tal fin establezca la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura.

Asimismo, y con independencia del que decida hacer el interesado, "están los intereses de la ciudad" y el Gobierno tiene una "propuesta firme" al respeto, subrayó Lara Méndez, que consiste en reponer la legalidad y derribar el edificio del Garañón, para lo cuál el Gobierno prevé consignar una partida de 300.000 euros en los Presupuestos municipales, y también en mitigar la posible responsabilidad patrimonial. Asimismo, el Gobierno se marca cómo objetivo que se reduzca al máximo la edificabilidad de la parcela y que sea una zona verde anexa al Parque Rosalía de Castro. En este sentido, la Alcaldesa ya encargó a Evislusa la posibilidad de identificar que parcelas existen en el municipio de similares características urbanísticas para tratar de buscar soluciones.

Además de detallar la hoja de ruta del Gobierno local, la Alcaldesa se comprometió a dar cuenta de todos los trámites que se lleven a cabo en el seno de la Comisión no Permanente del Garañón, sin perjuicio de todos los acuerdos que se puedan adoptar en el seno de la dicha comisión.

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