La Junta de Gobierno aprobó este miércoles la convocatoria de dos líneas de ayudas en materia social que suman más de 43.000 euros. Se trata de los programas de ayudas para personas con discapacidad física y afectadas por graves dificultades de movilidad que tengan que hacer uso de taxi adaptado, el denominado bono-taxi, para el cual el Ayuntamiento destina 5.000 euros, y subvenciones a asociaciones y personas jurídico privadas sin ánimo de lucro para llevar a cabo programas y actividades y para el mantenimiento y conservación y pequeñas reparaciones de las infraestructuras en las que se llevan a cabo estas actividades, por 38.000 euros.

Estas ayudas forman parte del esfuerzo económico que hace en políticas sociales el Gobierno, campo al que destina 23M€, lo que supone el 24% del Presupuesto anual, con el fin de garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades.

El Gobierno también aprobó en la reunión de hoy arrancar el programa Lugo Smart City una vez que la ejecución del mismo fue adjudicado a la UTE formada por Indra, Altia y R. Este plan, que consiguió el Gobierno de Lara Méndez en la convocatoria de fondos europeos, está dotado con 4,1M€, el 60% acercados por el FEDER, y tiene como objetivo avanzar en la implantación de la administración electrónica, así como en la gestión sostenible y eficiente de los servicios públicos aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Las medidas a llevar a cabo en este sentido pasan, por ejemplo, por la gestión inteligente del aparcamiento (instalando sensores inalámbricos que detectan plazas libres), del servicio de recogida de basura (con sensores de almacenamiento en los contadores), del alumbrado público (con la regulación del flujo lumínico a través de dispositivos de control) o de los contadores de agua (con la lectura y supervisión a través de sistemas GPRS o 3G).

Por otra parte, la Junta de Gobierno acordó reiniciar el procedimiento de licitación del servicio de vigilancia del centro sociocultural O Vello Cárcere aprobando unos nuevos pliegos segundo los criterios establecidos en una resolución dictada al respeto por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, la raíz de un recurso presentado por una de las empresas que concurrió al anterior procedimiento. El Ayuntamiento publicará el anuncio de la nueva licitación en el Perfil del Contratante. El contrato tendrá una vigencia de un año, prorrogable por otros cuatro, con un importe anual de 115.000€ (IVA incluido).