El Ayuntamiento pide la admisión a trámite del recurso de casación contra la sentencia que anula parte de la ordenanza del gallego

Lo adelantó la Concelleira de Cultura, que secundó, junto con otros miembros del Gobierno y de la Corporación, la manifestación convocada delante del consistorio por la plataforma Queremos Galego, en defensa de la lengua gallega

Miércoles, 16 de marzo de 2016
Fuente: 
Gabinete de Prensa
El Ayuntamiento pide la admisión a trámite del recurso de casación contra la sentencia que anula parte de la ordenanza del gallego

Cumpliendo con su compromiso, el Ayuntamiento de Lugo tramita el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por el TSXG que anula parte de la Ordenanza Reguladora del Uso del Gallego en la Administración Local de Lugo, una norma aprobada por unanimidad de la Corporación en el año 2012. En concreto, y tal y como establece el procedimiento, el Ayuntamiento acaba de pedir la admisión a trámite comunicando la intención de interponer el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un escrito, que, a su vez, el TSXG le remitirá al Supremo.

Así lo avanzó esta mañana la Concelleira de Cultura, Turismo, Juventud y Promoción de la Lengua, Carmen Basadre, en la manifestación convocada por la plataforma Queremos Galego delante del consistorio en defensa de la lengua gallega, acto en el que también participaron otros miembros del Gobierno y de la Corporación. “Defendemos la ordenanza que entre todos los grupos apoyamos en su día porque entendemos que la Administración local es el lugar desde el que debemos seguir potenciando el uso de nuestro idioma”, señaló Basadre.

O Concello alega “incongruencia omisiva” y “falta de motivación” en algunos aspectos de la sentencia del alto tribunal gallego, así como que “algunos pronunciamientos” de la misma “infringen lo dispuesto en una serie de preceptos estatales y de derecho comunitario que garanticen la protección especial del gallego, en cuanto lengua cooficial, en sus múltiples manifestaciones en cada uno de los preceptos anulados, así como el derecho de los ciudadanos al uso de las lenguas cooficiales”, y también contravienen la “jurisprudencia existente en el uso de las lenguas”. Argumenta así mismo que el fallo “se asienta mayoritariamente en una idea de exclusión del castellano que no está presente en su recta interpretación” en la norma municipal.

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